Regularizar por dignidad y justicia social

En Mallorca, como en el resto de España, muchas personas migrantes forman parte de nuestra vida cotidiana. Trabajan, cuidan a personas mayores, participan en la comunidad y tienen niños en las escuelas. Pero una parte importante de ellas no dispone de autorización administrativa para residir y trabajar en el país.

Ante esta realidad, Cáritas apoya la propuesta de una regularización extraordinaria de personas migrantes; un instrumento que ya se ha utilizado en varias ocasiones en España y en otros países europeos para dar respuesta a situaciones sociales consolidadas que el sistema ordinario no ha podido resolver.

Por eso, este mes de marzo hemos puesto en marcha un conjunto de charlas informativas para informar a nuestros participantes y población en general en qué consistirá el proceso de regularización y cómo contribuiremos desde Cáritas Mallorca.

Según recientes estimaciones, unas 550.000 personas podrían encontrarse en situación administrativa irregular en España. La realidad también se refleja en el acompañamiento que realiza Cáritas: Un total de 4.310 personas (el 56,06% de las personas atendidas en 2024) no tenían su situación regularizada. Muchas de ellas viven desde hace años en el país, pero no pueden acceder a una autorización de residencia por obstáculos burocráticos, carencia de documentación o situaciones de vulnerabilidad.

Vivir sin papeles implica mucho más que una cuestión administrativa. La irregularidad limita gravemente el acceso a derechos básicos y sitúa a las personas en una posición de gran fragilidad. Sin autorización de residencia y trabajo, muchas quedan excluidas del mercado laboral normalizado y se ven obligadas a aceptar empleos precarios o sin garantías. También encuentran dificultades para acceder a la vivienda o realizar trámites cotidianos, como abrir una cuenta bancaria: situaciones que alimentan al círculo de invisibilidad y exclusión social.

Por eso, desde Cáritas se considera que una regularización extraordinaria puede representar un cambio profundo en la vida de muchas personas. Disponer de una autorización administrativa permite acceder a un trabajo digno, cotizar, contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y planificar un proyecto de vida con estabilidad. También facilita el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda y reduce el riesgo de explotación laboral o discriminación.

El apoyo a esta medida por parte de Cáritas responde también a una cuestión pastoral. Las principales instituciones de Iglesia -entre ellas la Conferencia Episcopal, Cáritas, CONFER y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal- han expresado conjuntamente su apoyo al proceso de regularización. Esta posición se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia y en la llamada evangélica a acoger, proteger y dignificar a las personas migrantes.

Por ello, Cáritas ha apoyado a la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes, que logró más de 600.000 firmas y el apoyo de más de 900 organizaciones. Reconocer la realidad de las personas que ya forman parte de nuestra sociedad es un paso necesario para avanzar hacia comunidades más justas, inclusivas y cohesionadas.

Ante la desinformación: cinco ideas clave

1. La regularización no da derecho a voto: Para poder votar es necesario tener la nacionalidad española, un proceso que exige al menos diez años de residencia legal continuada y superar diferentes requisitos administrativos. Por tanto, las personas regularizadas no podrán votar en las próximas elecciones.
2. No es una amnistía para delincuentes: La normativa establece claramente que las personas con antecedentes penales, tanto en España como en su país de origen, no pueden acogerse a este proceso de regularización.
3. No provocará un “efecto llamada”: La medida está limitada a personas que ya residían en España antes de una fecha concreta. No es una puerta abierta a nuevas llegadas, sino una respuesta a una realidad social que existe.
4. No colapsará los servicios públicos: Por el contrario: la regularización permitirá que muchas personas que ya trabajan puedan cotizar, pagar impuestos y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.
5. No quitará trabajo a la población local: Muchas personas migrantes ya trabajan en sectores con falta de mano de obra. Regularizar su situación no crea nueva competencia, sino que permite que estos trabajos se desarrollen con derechos y condiciones legales.